Marca: La Ley

Tienda: Agapea.com

Disponibilidad: En almacén, envío inmediato.

La Posición de la Administración Tributaria y el Crédito Tributario en el Proceso Concursal. Encuadernación: Rústica. Desde la promulgación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (y de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) se han suscitado numerosas dudas interpretativas en relación con multitud de aspectos del concurso en general y del crédito tributario en el concurso en particular. El cambio sustancial en la posición de la Hacienda Pública en los procesos concursales y la inercia de la situación anterior justifican el objetivo de este trabajo: salvar el espíritu de la Ley Concursal ante las numerosas interpretaciones de la Administración tributaria que frecuentemente lo olvidan. Siguiendo el curso del proceso concursal, se tratan en esta obra toda una serie de aspectos que inciden de forma específica en el crédito tributario: el acreedor público instante o administrador concursal; la responsabilidad tributaria de los administradores concursales; los efectos del concurso sobre los créditos públicos en materias como la compensación, el devengo de intereses, la prescripción o el vencimiento anticipado; las consecuencias tributarias de la reintegración; la comunicación y el reconocimiento de los créditos públicos o la participación de la Administración en el convenio y su derecho de abstención. El tema principal a priori de discusión en relación con el crédito tributario concursal es el de la prelación y el de la incidencia o no en ella del art. 77.2 LGT; de ahí que, en este estudio, se analicen detalladamente los créditos tributarios concursales con privilegio especial, con privilegio general, ordinarios y subordinados. Del mismo modo se analiza el tema muy importante, en la práctica, de los créditos tributarios contra la masa. Finalmente, se trata el denominado privilegio procesal de ejecución separada de la Administración tributaria, en el que ha incidido de forma determinante la atribución al juez del concurso de jurisdicción exclusiva y excluyente en materia ejecutiva y para la adopción de medidas cautelares.